EN QUÉ HEMOS CAMBIADO NUESTRA SITUACIÓN

¿Cómo explicarlo?

 

A día de hoy en Urbanismo, la Gerencia, se afanan por poner en marcha el Decreto de la Junta sobre parcelaciones y la modificación de la LOUA.

¿Qué nos encontramos? Mucho se ha publicitado en diversos diarios sobre las bondades de la Junta con su nueva dirección urbanística respecto a las parcelas. Pero la realidad es que no se soluciona prácticamente nada pues a pesar de que hay muchas esperanzas puestas en ello no va a ser posible ajustarse a la realidad tal y como la conocemos los propietarios.

Los requisitos que se van a exigir para dotar las viviendas de servicios básicos van a ser especiales y numerosos y no todos los que necesitan de éstos los van a cumplir con lo que nos seguiremos encontrando con una importante bolsa de construcciones que no van a poder acceder al agua potable y a la luz.

El criterio a seguir en el proceso de legalización no ha variado de manera que sigue dificultándose el desarrollo de los diferentes planes parciales en vías de desarrollo.

La manera irregular en la que han sido construidas las viviendas en las zonas de parcelación da lugar a una realidad muy variada en cuanto a requisitos técnicos de las construcciones se refiere. Los hay que hicieron su vivienda con un proyecto de un perito o arquitecto, quienes acudieron directamente a una constructora y levantaron la vivienda sin dicho proyecto y quienen hicieron su casa contando con sus propias fuerzas. Todo esto va a traer muchos quebraderos de cabeza a los propietarios. Si se solventan será gracias a la gestión del Presidente de la Gerencia, Luis Martín, empeñado en dar el mejor carácter a estas construcciones por un acto de coherencia y justicia. La Junta sin embargo pide y exige sin conocimiento.

El limbo legal en el que se hayan las parcelas con sus construcciones nos lleva a situaciones paradójicamente contradictorias como el hecho de la recaudación por parte de la Hacienda Pública de ingentes cantidades de dinero procedentes del impuesto de bienes inmuebles, IBI, aplicado y contabilizado sobre construcciones que legalmente no existen, no se pueden hipotecar e incluso no se pueden embargar.

El hecho de realizar una recaudación exagerada en zonas en las que el agravio comparativo para los propietarios es evidente clama al cielo. Hay muchos propietarios pagando este impuesto sin tener en sus viviendas algo tan básico para la subsistencia como el agua potable y la luz. Hay empresas de nueva implantación que se ven arrojadas a la ruina por no poder abrir legalmente sus puertas. Se vive en las construcciones alegales sin el más mínimo respaldo de la Administración autonómica, única responsable de este dislate pues tras más de diez años de regulación nada ha aclarado el horizonte. A esto añadimos la realidad falseada de datos de población que resta derechos a estos vecinos tratados como de segunda.

Tras el resultado de las pasadas elecciones de Andalucía el panorama se complica porque si nada hizo el PSOE para solucionar este gran problema menos hará ahora con socios tan extremistas como IU. Ahora pasaremos a ser un punto de presión ante la Junta que se empeñará en no arrimar el hombro junto al gobierno central para salir de esta pésima situación en la que nos hayamos.

Teníamos una esperanza depositada en el triunfo del PP Andaluz que se ha visto truncada por los resultados electorales en una tierra que se desangra a ritmo acelerado por la lacra del paro y el sentimiento de inferioridad que nos domina. El cortijo socialista tiene ahora otros cuatro años para seguir sumiendo a esta comunidad en la más oscura recesión. Esto nos afectará en todos los ámbitos de la vida de nuestra querida pero no apreciada comunidad.

Si los representantes que en Córdoba gestionan el Ayuntamiento no se aplican y bajan a nivel del pueblo llano empeñándose en atender a una parte de la población en detrimento de la enorme periferia, dentro de cuatro años y ya muy cansados, nos encontraremos con el tremendo escenario que ya se nos perfila.